Piden cuatro años de prisión para Raúl Asencio por un caso de pornografía infantil en España
La acusación que representa a las víctimas pidió además una fuerte indemnización económica. El defensor no participó del video, pero habría solicitado y distribuido el material.

Mientras la Justicia española sigue analizando las pruebas del escándalo sexual que sacudió a las inferiores del Real Madrid, Raúl Asencio sumó un nuevo golpe legal que complica su panorama procesal. El defensor, señalado por haber recibido y difundido imágenes de contenido explícito con menores, enfrenta ahora una solicitud concreta de pena y resarcimiento económico.
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La parte querellante exigió a los jueces una condena de cuatro años de prisión, argumentando que la implicancia del zaguero fue activa, a pesar de no haber formado parte del acto grabado. Además, requirieron que se le imponga una compensación total de 58 mil euros por los daños psicológicos sufridos por las víctimas.

De acuerdo a medios españoles, el magistrado tendría pruebas de que Asencio pidió recibir el video para luego compartirlo con otra persona. Esa solicitud, que quedó registrada en los teléfonos secuestrados, podría ser clave en su imputación.
Las pericias forenses también revelaron que el defensor se refirió en términos despectivos a una de las adolescentes involucradas, lo que refuerza el carácter agravante de su conducta, según la interpretación de la acusación.
La denuncia inicial fue radicada en 2023, luego de que se conociera que tres juveniles del Merengue —identificados como Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez— grabaron un video de contenido sexual con dos jóvenes, una de ellas menor de edad, y luego lo compartieron sin permiso.
Aunque Asencio no estuvo en la escena del hecho, la Justicia lo incluyó en la causa por haber recibido y redistribuido las imágenes, lo que lo vincula directamente con los delitos informáticos y de intimidad.
Los cargos contra los cuatro apuntados incluyen difusión de pornografía infantil, captación de menores con fines sexuales, posesión de material explícito y violación de la privacidad, todos bajo la legislación vigente en España. La causa sigue su curso y se espera una resolución en los próximos meses.

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